El Real Decreto pone en marcha la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por un grupo de funcionarios que se extraerán de los ministerios de  Economía y Competitividad, Educación, Presidencia, Cultura y Deporte; e Industria, Energía y Turismo.

La Comisión, -que tendrá carácter administrativo, es decir, llevará adelante procesos administrativos –  unirá a los titulares de los derechos de autor y los propietarios de las webs, con el fin  de buscar el restablecimiento de la legalidad en la Red. Ello implica que los integrantes de dicha Comisión gubernamental podrán pedir desde que se elimine un contenido a que se cierre una  página «rebelde».

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