Canarias recurre la Ley de Costas y las tasas judiciales

El Gobierno de Canarias interpondrá sendos recursos de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas aprobada por el Ejecutivo español y contra la norma por la que este fijó la imposición de tasas para los usuarios de la Administración de Justicia.

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El Supremo exime a los trabajadores de abonar las tasas en los recursos.

El pleno no jurisdiccional de la Sala IV del Tribunal Supremo decidió ayer que los trabajadores, los beneficiarios de la Seguridad Social, los sindicatos cuando representen los intereses de los trabajadores, los funcionarios y el personal estatutario si actúan en el ámbito de competencias del orden social estarán exentos de pagar las tasas en los recursos según ha podido saber ELPLURAL.COM de fuentes del entorno judicial.

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La reforma de la Ley del aborto pone a España a la cola de Europa

La gran mayoría de países europeos tiene legislaciones que combinan plazos con indicaciones. La más amplia es Holanda, que garantiza el aborto libre dentro de las primeras 24 semanas de gestación, y luego los plazos varían entre las 10 semanas de Portugal, los 90 días de Italia, las 12 semanas de Alemania, Francia, Grecia, Bélgica o Bulgaria, las 14 de Rumanía, o las 18 de Suecia, que despenalizó el aborto en 1938 en ciertos supuestos y aprobó la ley de plazos en 1975.

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La zona de América Latina y el Caribe tiene la tasa mundial más elevada de abortos inseguros (31 por cada 1.000 mujeres), seguido de cerca por el continente africano (28), según los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, que concluye que donde las leyes son más restrictivas, las tasas de interrupciones inseguras son más altas.

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¿Y si tuvieran razón? Crítica constitucional al R.D.Ley 3/2012, de 10 de febrero, que aprueba la Reforma Laboral

Artículo en EL DERECHO, por Miguel Ángel Díaz Herrera.

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La reforma, ya lo podemos decir claramente, no creará puestos de trabajo. Más bien al contrario, tras su entrada en vigor generará más paro, al menos en su periodo de vigencia inicial. Pensemos que la Reforma ha tenido muy en cuenta y no se ha olvidado de regular medidas concretas destinadas al reajuste de las plantillas de las propias Administraciones Públicas que sin dilación serán las primeras afectadas por los nuevos mecanismos de reajuste de sus plantillas, antes nunca experimentados. Dichos reajustes afectarán a gran número de trabajadores nada desdeñable.

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En consecuencia, y ante dichas circunstancias, ¿han estado justificadas unas medidas que facilitan el despido y flexibilizan al máximo la adopción de medidas empresariales a nivel interno? ¿Era el momento oportuno para adoptar unas medidas que engrosarán, más si cabe, de facto, las listas del paro y demandarán más prestaciones sociales y por el contrario eliminarán más la capacidad de generar riqueza al nivel que fuere? ¿Era necesario el uso por parte del gobierno de la adopción de una medida legislativa que requiere una extraordinaria y urgente necesidad que es inútil para el fin que la habilita, tal y como hemos comentado?

Será el Tribunal Constitucional el que deberá revisar la oportunidad de la norma y su cauce legislativo, valorando si existen vicios de arbitrariedad o injustificación, a la luz de lo indicado.

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Entra en vigor la “Ley Sinde-Wert”

El Real Decreto pone en marcha la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por un grupo de funcionarios que se extraerán de los ministerios de  Economía y Competitividad, Educación, Presidencia, Cultura y Deporte; e Industria, Energía y Turismo.

La Comisión, -que tendrá carácter administrativo, es decir, llevará adelante procesos administrativos –  unirá a los titulares de los derechos de autor y los propietarios de las webs, con el fin  de buscar el restablecimiento de la legalidad en la Red. Ello implica que los integrantes de dicha Comisión gubernamental podrán pedir desde que se elimine un contenido a que se cierre una  página “rebelde”.

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El Congreso aprueba la nueva Ley de Arbitraje institucional del Estado

(Noticia del 13/05/2011)

El pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad la nueva Ley de Arbitraje y de regulación del Arbitraje institucional en la Administración General del Estado. La finalidad de esta norma es impulsar los sistemas alternativos de resolución de conflictos o controversias, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales a la vez que los costes.

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