El Gobierno de Canarias interpondrá sendos recursos de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Costas aprobada por el Ejecutivo español y contra la norma por la que este fijó la imposición de tasas para los usuarios de la Administración de Justicia.
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El pleno no jurisdiccional de la Sala IV del Tribunal Supremo decidió ayer que los trabajadores, los beneficiarios de la Seguridad Social, los sindicatos cuando representen los intereses de los trabajadores, los funcionarios y el personal estatutario si actúan en el ámbito de competencias del orden social estarán exentos de pagar las tasas en los recursos según ha podido saber ELPLURAL.COM de fuentes del entorno judicial.
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La gran mayoría de países europeos tiene legislaciones que combinan plazos con indicaciones. La más amplia es Holanda, que garantiza el aborto libre dentro de las primeras 24 semanas de gestación, y luego los plazos varían entre las 10 semanas de Portugal, los 90 días de Italia, las 12 semanas de Alemania, Francia, Grecia, Bélgica o Bulgaria, las 14 de Rumanía, o las 18 de Suecia, que despenalizó el aborto en 1938 en ciertos supuestos y aprobó la ley de plazos en 1975.
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La zona de América Latina y el Caribe tiene la tasa mundial más elevada de abortos inseguros (31 por cada 1.000 mujeres), seguido de cerca por el continente africano (28), según los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, que concluye que donde las leyes son más restrictivas, las tasas de interrupciones inseguras son más altas.
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El abogado Jorge M. Peñas, titular de esta joven firma, fue contactado por la periodista Lourdes Bermejo, encargada de la sección lanzaroteña de Canarias 7, para recabar información acerca del decreto de noviembre de 2012 referente a la protección de deudores hipotecarios, así como de la verdadera transcendencia que la asunción del código de buenas prácticas de la banca ha tenido para los ciudadanos afectados por las dificultades para hacer frente a pagos y para solucionar, en general, conflictos entre usuarios y entidades.
En este caso, el reportaje se publicó en la edición en papel del día de hoy, por lo que ofrecemos, en lugar del habitual enlace al artículo completo, una imagen con las partes que la periodista extrajo de la información facilitada por el letrado:
Javier de la Cueva. Abogado especializado en propiedad intelectual y estudioso de las relaciones entre Derecho y tecnología.No se trata de saber cómo utilizar unos gadgets o de asistir joviales al regalo de iPads a nuestros parlamentarios, sino de analizar cómo la tecnología está afectando a nuestros derechos fundamentales y al ejercicio de competencias soberanas. Y este análisis no se puede hacer sólo desde la tecnología, sino que ha de hacerse necesariamente también desde otras ramas del conocimiento que se integran en las Humanidades. Disciplinas tales como los estudios filosóficos sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, de Derecho Constitucional o de Filosofía del Derecho, se están revelando esenciales para poder reflexionar sobre las dos preguntas que hemos de hacernos cuando planteamos cuestiones de democracia: cuáles son los valores que como sociedad hemos de considerar sagrados y cómo nos organizamos para convivir en el espacio marcado por esos valores.
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La Asociación Profesional de la Magistratura promueve un frente común contra el intento del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de desactivar la separación de poderes y anuncian que están dispuestos a ir a la huelga si la puerta del diálogo sigue cerrada. Su portavoz, María Teresa Sáez es magistrada de la Audiencia Provincial de Málaga y ha concedido una entrevista para explicar los motivos de las reivindicaciones de los jueces a Elisa Beni, para eldiario.es, de la que, desde ARRECIFE LEGAL, queremos hacernos eco.
P.- ¿Cómo resumiría su opinión sobre las reformas de la Justicia llevadas por Gallardón al Consejo de Ministros?
R.- El anteproyecto habla de una reforma que tiene un alto contenido político. No afecta a las estructuras para mejorar su funcionamiento sino que es un ataque en toda regla a la independencia del Poder Judicial y pretende un control político del órgano legítimo de gobierno de los jueces. Además supone un incumplimiento radical del programa electoral del Partido Popular respecto a la vuelta al sistema constitucional inicial de elección de vocales. Ni siquiera es una vuelta a los existente antes de 1985, no, es darle todo el control de la elección al Parlamento.
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Lo que parece innegable es la aceptación de la dureza de las penas por parte de un amplio sector de la sociedad, que ávidos de venganza y en un clima de profunda agitación social ven posible aplicar la máxima de “el que la hace la paga ”. Avalar legalmente tal aspiración supone asignar a la pena prácticamente la única función de la retribución, olvidando que en un Estado Social y Democrático de Derecho la principal función de la pena es la prevención general y especial, que unida a la finalidad de resocialización, procura que no vuelva a suceder el hecho por el que lamentablemente se condena.
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Rechaza una querella contra Zapatero y Caamaño por indultar al banquero Alfredo Sainz.
La sala considera que el indulto es una “prerrogativa regia” y manifestación de justicia retenida”, “herencia del absolutismo al fin y al cabo”, pero “dado el actual marco legislativo, es lo que hay” y de aquí la imposibilidad jurídica de seguir el planteamiento del partido querellante.
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