Lo que parece innegable es la aceptación de la dureza de las penas por parte de un amplio sector de la sociedad, que ávidos de venganza y en un clima de profunda agitación social ven posible aplicar la máxima de “el que la hace la paga ”. Avalar legalmente tal aspiración supone asignar a la pena prácticamente la única función de la retribución, olvidando que en un Estado Social y Democrático de Derecho la principal función de la pena es la prevención general y especial, que unida a la finalidad de resocialización, procura que no vuelva a suceder el hecho por el que lamentablemente se condena.

Silvia Fernandez Bautista – Profesora de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona

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