Tecnología y democracia

No se trata de saber cómo utilizar unos gadgets o de asistir joviales al regalo de iPads a nuestros parlamentarios, sino de analizar cómo la tecnología está afectando a nuestros derechos fundamentales y al ejercicio de competencias soberanas. Y este análisis no se puede hacer sólo desde la tecnología, sino que ha de hacerse necesariamente también desde otras ramas del conocimiento que se integran en las Humanidades. Disciplinas tales como los estudios filosóficos sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad, de Derecho Constitucional o de Filosofía del Derecho, se están revelando esenciales para poder reflexionar sobre las dos preguntas que hemos de hacernos cuando planteamos cuestiones de democracia: cuáles son los valores que como sociedad hemos de considerar sagrados y cómo nos organizamos para convivir en el espacio marcado por esos valores.

Javier de la Cueva. Abogado especializado en propiedad intelectual y estudioso de las relaciones entre Derecho y tecnología.

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El Tribunal de Luxemburgo hila fino con las licencias de software

Oracle desarrolla y distribuye software informático, en particular mediante la descarga de Internet. De este modo, lleva a cabo con sus clientes contratos de “licencia” en virtud de los cuales el cliente adquiere un derecho de uso del software por tiempo indefinido, no transmisible y limitado al uso profesional interno. Ahí empieza el pleito que está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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¿Qué mundo crece mientras la crisis tarda en irse? El comercio on line

Según datos de “La sociedad de la Información en España 2011” el proceso de migración desde la utilización de formatos físicos a la utilización de formatos digitales a la hora de acceder a contenidos es un fenómeno que se ha venido produciendo durante los últimos años. Con ella, aumenta el volumen de comercio electrónico.

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Entra en vigor la “Ley Sinde-Wert”

El Real Decreto pone en marcha la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por un grupo de funcionarios que se extraerán de los ministerios de  Economía y Competitividad, Educación, Presidencia, Cultura y Deporte; e Industria, Energía y Turismo.

La Comisión, -que tendrá carácter administrativo, es decir, llevará adelante procesos administrativos –  unirá a los titulares de los derechos de autor y los propietarios de las webs, con el fin  de buscar el restablecimiento de la legalidad en la Red. Ello implica que los integrantes de dicha Comisión gubernamental podrán pedir desde que se elimine un contenido a que se cierre una  página “rebelde”.

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