El pleno no jurisdiccional de la Sala IV del Tribunal Supremo decidió ayer que los trabajadores, los beneficiarios de la Seguridad Social, los sindicatos cuando representen los intereses de los trabajadores, los funcionarios y el personal estatutario si actúan en el ámbito de competencias del orden social estarán exentos de pagar las tasas en los recursos según ha podido saber ELPLURAL.COM de fuentes del entorno judicial.
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Rechaza una querella contra Zapatero y Caamaño por indultar al banquero Alfredo Sainz.
La sala considera que el indulto es una “prerrogativa regia” y manifestación de justicia retenida”, “herencia del absolutismo al fin y al cabo”, pero “dado el actual marco legislativo, es lo que hay” y de aquí la imposibilidad jurídica de seguir el planteamiento del partido querellante.
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Dos puntos constituían el orden del día del pleno de la semana pasada: uno, suscrito por cinco vocales, en el que se pedía a Dívar que dimitiera ya, sin esperar siquiera al lunes. El segundo consistía en su remoción/destitución, que abandera el progresista José Manuel Gómez Benítez, el vocal que ha destapado el escándalo de los viajes.
Será el primer presidente del Consejo y del Supremo que se ve forzado a abandonar el cargo por un escándalo que ha logrado ladear el reproche penal pero no el ético.
De forma interina, sería sustituido al frente del Consejo por el actual vicepresidente, el conservador Fernando de Rosa; y al frente del Tribunal Supremo por el magistrado Juan Antonio Xiol, presidente de la Sala de lo Civil del alto tribunal.
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Con esta decisión, el presidente del CGPJ se adelanta a la situación planteada ayer por los vocales Margarita Robles, Felix Azón e Inmaculada Montalbán que plantearon la posibilidad de solicitar un pleno extraordinario para pedir su dimisión en el caso de que el alto tribunal rechace la tramitación de una querella contra él por malversación de caudales públicos.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo está estudiando si abre causa penal contra él por los 32 viajes en fin de semana que cargó al presupuesto del Consejo.
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El Real Decreto pone en marcha la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por un grupo de funcionarios que se extraerán de los ministerios de Economía y Competitividad, Educación, Presidencia, Cultura y Deporte; e Industria, Energía y Turismo.
La Comisión, -que tendrá carácter administrativo, es decir, llevará adelante procesos administrativos – unirá a los titulares de los derechos de autor y los propietarios de las webs, con el fin de buscar el restablecimiento de la legalidad en la Red. Ello implica que los integrantes de dicha Comisión gubernamental podrán pedir desde que se elimine un contenido a que se cierre una página «rebelde».
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